Según un estudio de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), la Universidad Nacional cuenta actualmente con 37.118 estudiantes, de un total de 155.000 universitarios a nivel país. Es decir, el estudiantado de la Universidad Nacional representa sólo el 24 por ciento de la matrícula total y un 53 por ciento de sus postulantes a ingresar quedan fuera. El 76 por ciento de estudia en instituciones privadas.
Estos datos revelan una realidad alarmante y vergonzosa. Tenemos un país donde sólo 155.000 personas acceden a la educación superior, aproximadamente un 3 por ciento de la población total. Y, de esta cifra, sólo el 24 por ciento puede estudiar en una institución del Estado.
Esto se debe a la aplicación de una política del gobierno de Duarte Frutos, que pretende privatizar la educación en todos los niveles. Esta política, a su vez, es fiel a las recetas económicas del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
Existe un claro incentivo a las empresas privadas de la educación superior. Hace unos años, mediante una modificación de la Ley 136/93 “de universidades”, se eliminó el carácter vinculante del dictamen del Consejo de Universidades para que el Congreso pueda crear por Ley una nueva universidad. Eliminado este “obstáculo”, sólo en el 2007, el Congreso creó 8 nuevas universidades privadas, por más que muchas de ellas no cuenten con la infraestructura ni los requisitos académicos mínimos.
La Universidad Nacional se está privatizando y la educación privada está floreciendo. La Universidad Nacional carece de un presupuesto digno para poder absorber a todos los jóvenes que culminan la secundaria, para contratar buenos profesores y desarrollar la investigación y extensión universitarias.
Un ejemplo reciente, es el recorte de más de 27.000 millones (justo en el rubro de becas) al presupuesto de la UNA en una “reprogramación” de Nicanor. Mientras tanto, las privadas proliferan como hongos y reciben miles de millones de dinero público con las conocidas “becas de Itaipú”.
Esta es la realidad y es producto de la política un gobierno servil a los dictados de entes imperialistas.
RUPTURA rechaza esta política privatista y se coloca en la vereda de los que defienden la educación como un derecho de todo ser humano. La educación no se puede vender, no puede estar en manos privadas ni generar lucro. Debe estar en manos del Estado y ser impartida de forma gratuita y de calidad para todos y todas.
Llamamos a todas las organizaciones sociales, populares y estudiantiles a luchar juntos para derribar los muros que impiden que los jóvenes pobres puedan estudiar en la universidad, como los aranceles y cursillos pagados. La Universidad debe servir al pueblo y generar conocimientos para el desarrollo del país, no para el enriquecimiento personal.
Movimiento RUPTURA
04 de febrero de 2008
lunes, 4 de febrero de 2008
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