¡No a la Ley del Congreso y el gobierno!
La educación superior se encuentra ante un grave peligro. Desde el gobierno de Duarte Frutos y el Congreso se pretende aprobar una nueva Ley que regirá a todas las universidades del país, tanto públicas como privadas.
El proceso de elaboración del anteproyecto de la mencionada Ley se desarrolló sin la participación real del estamento estudiantil, lo cual rechazamos de manera rotunda. Todo el debate se restringió a una Comisión creada para el efecto en el Congreso que, a lo sumo, incorporó aportes de algunos intelectuales.
En cuanto al contenido, luego del estudio de la normativa propuesta, concluimos que la misma no trae consigo los profundos cambios que necesita la educación superior en nuestro país. Por el contrario, mantiene –y en algunos aspectos profundiza- el modelo neoliberal imperante, excluyente y de estructura autoritaria.
Se avanza en el proceso de privatización de la universidad pública
La universidad pública soporta un proceso de privatización desde hace varios años. Esto se expresa en la existencia de elevados aranceles –cursillos, matrículas, derechos a examen, uso de biblioteca, certificados e incluso cuotas mensuales- que deben pagar los jóvenes para ingresar o permanecer en las universidades estatales.
Otro elemento de este proceso privatista es el bajo presupuesto –varias veces recortado- que reciben las universidades públicas del Presupuesto General de Gastos de la Nación. De esta forma, no existen recursos para infraestructura, docentes calificados ni investigación o extensión universitarias.
El resultado de la imposición de este modelo, acorde a las recetas en materia educativa del Banco Mundial, es que en Paraguay sólo existen 155.000 universitarios, lo que equivale a un 3 por ciento de la población total.
Una realidad muy diferente es la que viven las universidades privadas, que pasan por un periodo de notable florecimiento. Actualmente existen 28 instituciones privadas y 29 en proceso de creación. Según la ANEAES, más del 60 por ciento de los universitarios estudian en las privadas. Esto, sin contar los millonarios “aportes” gubernamentales a su fortalecimiento, vía el programa de becas de la Itaipú.
El anteproyecto de Ley profundiza este proceso de mercantilización:
§ En el artículo 47, donde habla de los ingresos de las universidades públicas, en el inciso b, se establece como uno de ellos al “ingreso por los servicios académicos”; es decir, se mantendrá el cobro de aranceles a los estudiantes.
§ En el artículo 10, donde se detalla la composición del Consejo Nacional de Educación Superior (CONAES) - que será la máxima instancia rectora de la educación superior- se incluye a un representante de la FEPRINCO, uno de los gremios empresariales más fuertes del país.
§ El artículo 13 habla de la composición del llamado Consejo de Rectores, que sería de uno por universidad. De esta forma, esta instancia tendrá una abrumadora mayoría de rectores de universidades privadas, teniendo en cuenta que existen 28 privadas (29 en proceso) contra 7 públicas.
§ En el artículo 2, se define a las “universidades” –sean públicas o privadas- como “sin fines de lucro”. Esta definición, completamente falsa en el caso de las privadas, habilita a que en el artículo 44 se las libere de impuestos fiscales o municipales. Un incentivo más, al lucrativo negocio de la educación.
El objetivo de estos artículos es abrir aún más las puertas de la universidad pública al capital privado. Lejos de garantizar la gratuidad del derecho a la educación, se mantiene el cobro por lo que consideran un “servicio”, se libera de impuestos a las privadas y se incorpora al empresariado en su máximo órgano de gobierno.
El anteproyecto viola el principio de la autonomía universitaria
El principio de la autonomía universitaria garantiza a las universidades el derecho a conformar sus propios órganos de gobierno, compuestos por representantes de sus diferentes estamentos, y a tomar sus decisiones internas con total independencia del gobierno o demás instituciones ajenas a la universidad.
El anteproyecto del Congreso viola este principio en varios de sus artículos:
§ El CONAES, máxima instancia a nivel universitario, según el artículo 11 será presidido por el/la titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), una cartera del Poder Ejecutivo. De esta forma, la injerencia del gobierno en el manejo de las universidades será decisiva.
§ Entre las atribuciones del CONAES, según el artículo 9, está el poder de intervenir las universidades, crear o suprimir carreras, establecer las condiciones de admisión, el reconocimiento de títulos etc. Todas éstas medidas, que antes eran tomadas por los consejos directivos de las facultades u otras instancias, serán tomadas por un organismo dirigido por el gobierno de turno y con participación del empresariado.
La estructura de gobierno se volverá más autoritaria
La actual estructura de gobierno de las universidades públicas posee un carácter antidemocrático. En sus diferentes instancias, la participación estudiantil es testimonial y minoritaria en relación al estamento docente y no-docente. Esta estructura autoritaria dará un salto si se aprueba el anteproyecto de Ley del Congreso.
§ Desaparece la Asamblea Universitaria en el caso de las públicas. Según el artículo 28, las autoridades de la universidad son: el Consejo Superior Universitario, el Rectorado, los Consejos de Facultad y los Decanos. Actualmente, el Consejo Superior es una de las instancias donde existe menor representación estudiantil (sólo 6 de un total de 35).
§ En todos los espacios colegiados, no se habla en ningún caso de la proporción de los representantes de los estamentos. Es decir, todo se mantiene igual, no se garantiza la paridad en esos organismos.
§ Se crean Rectores y Decanos súper poderosos. En el artículo 33, se otorga a los rectores y decanos “el derecho a veto respecto a las resoluciones de sus respectivos consejos”. Además, podrán ser reelectos por dos mandatos consecutivos.
Por estos motivos, como estudiantes, rechazamos la aprobación del anteproyecto de Ley de Educación Superior propuesto en el Congreso. Sostenemos que el modelo de universidad que el mismo pretende reafirmar, no es el que necesita el país para desarrollarse, pues cierra las puertas de la educación a la mayoría de la población y se erige en una estructura interna antidemocrática y dirigida por el gobierno central. La aprobación de este anteproyecto sería un profundo retroceso en conquistas fundamentales del movimiento estudiantil.
En contraposición a este proyecto, los estudiantes mantenemos nuestras reivindicaciones históricas, enmarcadas en la lucha por una educación pública, gratuita, universal y de calidad. Defendemos una universidad autónoma de los gobiernos de turno y con una estructura de gobierno con representación paritaria de todos los estamentos.
Hacemos un llamado a todo el estudiantado universitario, a los docentes, a los trabajadores de las universidades y a todas las organizaciones sociales y populares a manifestarse en contra de este proyecto e impulsar la lucha por una educación al servicio y alcance de toda la sociedad.
Movimiento Juvenil RUPTURA
