COMUNICADO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
CON RESPECTO A LA AUDIENCIA PÚBLICA
DEL PROYECTO DE LEY “DE REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”
La Universidad está en crisis, con lo que no decimos nada nuevo. En boca de todos los sectores está el discurso de revertirla, pero las acciones propulsadas hasta ahora tanto por el gobierno como por las propias Universidades no llevaron a ello, sino a una profundización del actual proceso de mercantilización de la educación superior. Hoy día se considera a la educación superior un bien transable de compra y venta, desmeritando con ello su carácter de derecho humano universal. Asimismo, siendo la Universidad un actor estratégico en el desarrollo de la Nación, su crisis se encuentra totalmente relacionada con el estado de pobreza, atraso y opresión que vive el país.
Conforme al sistema normativo de nuestro país, las audiencias públicas se constituyen en mecanismos de participación pública ciudadana en el marco de la elaboración de una ley. Sin embargo, al ser no VINCULANTES, no se constituyen en espacios de participación REAL, volviéndose así más que nada en espacios de DENUNCIA. Como estudiantes universitarios/as, venimos a esta audiencia precisamente a eso: A DENUNCIAR la falta de participación TOTAL en la elaboración de este proyecto de ley por parte de los actores principales en el proceso educativo, y así también, a denunciar el intento de utilización de este espacio como forma de legitimación, abierta y groseramente, de un proceso que elaboración a todas luces UNILATERAL, NO CONSENSUADO, NO PARTICIPATIVO, y por ende, desde nuestra visión, ILEGITIMO y CARENTE DE VALIDEZ. La elaboración de este anteproyecto de Ley se desarrolló sin la participación de los estamentos organizados de la comunidad académica, así como otros sectores organizados interesados en este tema crucial. Aparte de su proceso antidemocrático, el proyecto en sí no presenta soluciones a los problemas de la Universidad y la Sociedad, sino que mantiene -y en otros casos profundiza- el actual modelo de Universidad y Sociedad que se hace urgente transformar.
La situación de las Universidades actualmente es bastante preocupante: progresivo proceso de privatización que se profundiza cada vez más, muy bajo presupuesto General de la Nación destinado a las Universidades Públicas, masiva y arbitraria apertura de Universidades sin un mínimo control de calidad, y solamente un 3% de la población con posibilidades de acceso al derecho universal de la educación superior.
Este anteproyecto de Ley, entre varios otros puntos preocupantes, cercena totalmente la autonomía universitaria a través de la creación un órgano superpoderoso que centraliza todas las decisiones, y profundiza la privatización de la Educación Superior a través de varios mecanismos de “autofinanciamiento” que representan el cobro de aranceles en varios ámbitos, e incorpora a los grandes grupos de poder empresarial en los órganos máximos de decisión, excluyendo a los actores de la comunidad académica. El principio de autonomía es crucial para el desarrollo de la vida universitaria, y si bien no se lo cumple a cabalidad hoy día, este proyecto de ley reglamenta su práctica abolición, dejando el gobierno de las Universidades a merced del poder político de turno, así como del grupo político-empresarial.
Como si todo esto fuero poco, con respecto a la estructura de gobierno de las universidades públicas -actualmente de carácter antidemocrático por la participación básicamente testimonial y minoritaria del estamento estudiantil en los órganos de la misma- profundiza esta exclusión, eliminando la Asamblea Universitaria como máxima instancia de decisión. Asimismo, no se garantiza la paridad en todos los órganos de gobierno, como tampoco la elección de autoridades por voto directo universal: dos principios básicos para hablar de la democratización real de la Universidad. Por último, se crean Rectores y Decanos súper poderosos con el ilegítimo derecho a veto respecto a las resoluciones de sus respectivos consejos.
Con respecto a las “modificaciones” planteadas por la Comisión de Educación, Cultura y Culto, en la figura del Senador Juan Manuel Marcos, éstas se constituyen en un proyecto de ley con un espíritu totalmente distinto al presentado por la Comisión Nacional de Reforma de la Educación Superior. Elimina a los Institutos Superiores Técnicos y de Formación Docente del Sistema de Educación Superior, y elimina la creación del CONAES, casi única razón de ser del proyecto de ley original. Así también, se elimina cualquier intento de controlar la calidad de las nuevas Universidades a ser abiertas, manteniendo el sistema actual de apertura directa a través de la promulgación de una nueva ley en el Congreso, dependiendo de la voluntad política de los parlamentarios y no de un órgano con criterio técnico para ello. Tampoco garantiza el gobierno paritario y la elección de autoridades por el voto directo universal, dota a los Rectores y Decanos del mismo ilegítimo derecho a veto de las resoluciones de sus respectivos Consejos y elimina la Asamblea Universitaria.
Es decir, estas modificaciones, aparte de no presentar tampoco soluciones para las problemáticas de la crisis de la Universidad, profundiza el proceso de privatización de la educación superior, consolida la arbitrariedad en la apertura de universidades y asimismo el aislamiento de las universidades de su función social, garantizando el autonomismo.
Este proyecto de ley no puede ser aprobado en estas circunstancias. El proceso de Reforma de la Educación Superior no se limita a una ley, y debe ser fruto del profundo debate de la comunidad académica como de la sociedad toda en torno al modelo de Universidad, y su plan estratégico para el desarrollo nacional. La educación es un derecho universal que debe ser garantizado, por lo que reivindicamos la calidad de la Educación Superior como bien público, no como mero bien comercial.
Como estudiantes universitarios y universitarias, rechazamos la aprobación de este proyecto de Ley de Educación Superior en estas circunstancias, dado que el modelo de universidad que se pretende reafirmar no es el que se necesita para un desarrollo integral hacia un país para todas y todos. La aprobación de este proyecto representaría un profundo retroceso en conquistas fundamentales del movimiento estudiantil, así como un grave atentado a la democracia y por ende, a la sociedad en general, por lo que llamamos a defender la educación y la democracia, y no permitir la aprobación de este proyecto.
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